DS(C) nº 231/5 del 31/5/2001

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Buenos días, señoras y señores Procuradores. Se abre la sesión. ¿Algún Grupo Parlamentario tiene que comunicar a esta Presidencia alguna sustitución? Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Señor Presidente, don José Luis Sainz García sustituye a don Fernando de Arvizu; y doña Pilar San Segundo sustituye a doña Carmen Reina.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. Primer punto del Orden del Día... ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ:

Gracias, señor Presidente. Don Jorge Félix Alonso sustituye a don Antonio Canedo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. Primer punto del Orden del Día. La señora Secretaria dará lectura al mismo.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA PUENTE CANOSA):

Primer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 413-I, presentada por el Procurador don Fernando Benito Muñoz, relativa a proceso de estabilidad... de estabilización de los funcionarios interinos de Cámaras Agrarias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número noventa y cuatro, de dieciocho de octubre del dos mil".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señora Secretaria. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra don Fernando Benito Muñoz.

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Evidentemente, hay un desfase entre la Proposición presentada en su momento, en octubre del año dos mil, y la discusión en mayo de dos mil uno, por el propio contenido de la... de la Proposición. En ella, lo que se trata es de dar una cierta seguridad durante un proceso de negociación de estabilización de los funcionarios interinos; darles, como digo, una seguridad en que sus plazas no van a salir a concursos de traslados.

Es evidente que existe este desfase, pero también es evidente que es un problema que no se ha solucionado. Y yo creo que es bueno, por lo menos, el hablarlo y que quede constancia en el Diario de Sesiones y en los Grupos Parlamentarios, una discusión aunque sea somera de la situación en la que se encuentran.

Es un tema cíclico, ha habido ya tres negociaciones sucesivas con los tres Consejeros de Presidencia -con los dos anteriores y con este último-, un intercambio de opiniones respecto a la situación de los funcionarios interinos; es un tema que sigue pendiente. Y yo creo que convendría, pues, aprovechar el contenido... la filosofía de la Proposición para darles cierta seguridad a los funcionarios interinos de Cámaras Agrarias.

Dentro de la globalidad de los funcionarios interinos -que estamos hablando de más de seis mil personas en la Administración Regional-, existe un colectivo... algunos otros, pero, desde luego, éste, un colectivo concreto que tiene ciertas peculiaridades -nosotros hemos defendido ya en el Pleno la singularidad de este colectivo, son unas cien personas, aproximadamente-; tienen un historial laboral administrativo muy complejo -eran contratados laborales antes de la transferencia-. Con la promesa de resolver su situación fueron transferidos como funcionarios interinos, con un acuerdo con ellos de estabilización. El historial jurídico, tanto de los funcionarios interinos de Cámaras Agrarias de Castilla y León como los de otras Comunidades es muy complejo; hay sentencias incluso contradictorias en distintas salas del Supremo.

Pero yo creo que lo que agudiza el problema de este colectivo es, primero, el número de años que llevan al servicio de la Administración y, sobre todo, las promesas que públicamente se han hecho por los sucesivos Consejeros de Agricultura -empezando en su momento por Isaías García Monge y todos los posteriores-, en el sentido de que, una vez transferidos, se iba a solucionar su situación laboral.

Por lo tanto, por todos estos factores y algunos más, hemos defendido desde el Grupo Parlamentario Socialista la singularidad de este colectivo; una singularidad que nos lleva a defender una solución también singular a este propio colectivo dentro de la... de la idea general que el propio Procurador del Común ha aceptado, de solucionar el tema de las interinidades bajo la perspectiva de una cierta estabilidad en el empleo. Y, desde este sentido, mantenemos la idea de que se debe abordar cuanto antes la solución, y para ello es necesario no crear más situaciones de conflicto, tanto social -como ha ocurrido en algunos momentos- como conflicto personal de los trabajadores, que vean en cada concurso de traslados una amenaza.

En ese sentido, la Proposición fija un plazo, que era el que entonces estaba en negociación. Ahora se abre otro proceso de negociación, debería de mantenerse este... conceptualmente la idea de la Proposición, en el sentido de que mientras se está negociando el colectivo no tenga ninguna influencia externa que amenace su situación laboral. Hay una Pregunta Escrita, la 1468, que de alguna manera recoge la idea de esta Proposición en el sentido de que no van a salir en los próximos meses -no es muy concreto, pero, evidentemente, algo es-.

Y, en ese sentido, este Grupo Parlamentario quiere manifestar, primero, el compromiso que tiene en todo lo que ha defendido con el... con el colectivo de funcionarios interinos, la línea de que seguramente la solución venga por la vía laboral, que no afecte a la carrera funcionarial y, por lo tanto, desbloquee la situación con los propios sindicatos de la Función Pública. Y de las dos soluciones posibles ésta nos parece -y así lo hemos dicho en el Pleno- la más... la más... la menos lesiva para los intereses generales y la más apropiada para darle estabilidad al colectivo.

Y, defendiendo su singularidad, defendíamos el texto de la Proposición, que de lo que se trata es de que no estén incluidos en ningún concurso de traslados las plazas de la RPT correspondientes a este colectivo. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. Para consumir un turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Pedro Luis Antona.

EL SEÑOR ANTONA DEL VAL:

Gracias, señor Presidente. Bien. Este tema, sí, efectivamente es recurrente. Yo creo que habría que hacer primero, con carácter previo, una delimitación del ámbito de la cuestión planteada, que, como sabe, afecta a noventa y tres personas, que están nombradas por la Administración del Estado como personal interino de la escala de Administrativos de organismos autónomos, traspasados a la Comunidad por el Real Decreto 1895/1996, de dos de agosto, como citan los Antecedentes.

En este Real Decreto se traspasa a este personal con las mismas... en las mismas circunstancias que se especifican en las relaciones citadas en los anexos y que constan en sus expedientes personales. Es decir, hay que entenderse que se trata de personal interino y, como tal, les será de aplicación, por analogía y en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera, con excepción del derecho de permanencia en la Función, según ordena el Artículo 105 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de mil novecientos sesenta y cuatro.

Transferidas las competencias a la Comunidad Autónoma, fueron atribuidas a la Consejería de Agricultura y Ganadería estos... estas funciones y este personal que depende, por tanto, funcionalmente de la misma, quedando la Consejería subrogada a los nombramientos efectuados por la Administración del Estado y, en consecuencia, pudiendo disponer los ceses correspondientes cuando se produzcan algunas de las causas previstas en el Artículo 6 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración... de la Comunidad de Castilla y León; que, como sabe, son: cuando el puesto de trabajo sea cubierto por un funcionario, cuando se incorpore el funcionario titular sustituido -que no es el caso- y cuando la plaza sea suprimida en la plantilla y en las relaciones de puestos de trabajo, que tampoco parece que vaya a ser el caso. Aunque ahora, según se ha explicado Su Señoría, parece que la solución que aportan o que quieren aportar aquí es convertirles en laborales, con lo cual habría que suprimirlas de la RPT como funcionarios.

Por tanto, el único riesgo que corren estos funcionarios -ya que tienen todos los derechos de los funcionarios de carrera excepto, ya digo, el de permanencia en la Función- es que sean desplazados en un concurso de traslados.

Pero, una vez planteada esta situación, es preciso decir que el mismo... la situación... la solución a este colectivo no puede ser objeto de un tratamiento diferenciado respecto del resto del personal interino existente en la Administración. Y hay que considerarse que cualquier medida de empleo ha de enmarcarse en la oferta de empleo público de la Administración Autonómica.

En cualquier caso, resulta evidente que la estabilidad en el empleo del personal interino sólo puede conseguirse a través del procedimiento de concurso-oposición para acceder a los distintos Cuerpos y escalas de los funcionarios. Y debe ser de acuerdo con los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, que han de regir cualquier procedimiento de acceso a la Función Pública.

Partiendo de las premisas aludidas, y en concordancia con lo manifestado reiteradamente por la Administración Autonómica, se estima ineludible el desarrollo de un proceso de negociación con los representantes sindicales existentes en el ámbito de la Función Pública, al objeto de estudiar la situación y problemática del empleo interino, entre el cual no se puede olvidar se encuentra el personal interino sanitario; un colectivo muy numeroso que quedó fuera del ámbito de aplicación, la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 1/1993 de seis de abril, Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León.

Consecuentemente, se estima que la proposición de que no se incluya en ningún proceso de promoción o selección las actuales plazas de los funcionarios interinos procedentes de las Cámaras Agrarias, forzosamente debe quedar condicionada hasta la conclusión del proceso de negociación con los sindicatos y, a partir del cual, caso de producirse el acuerdo, se desarrollará en sus propios términos.

Tengo que decirle que las reuniones con los sindicatos ya se han iniciado, que se va a constituir un grupo de trabajo para este asunto, en concreto, del personal interino, que todos los sindicatos y la propia Administración han mostrado su sensibilidad con este asunto, y que hay una voluntad de solucionar el problema; pero, evidentemente, tiene que ser dentro del marco de la Ley. Es decir, la Administración, unilateralmente, no puede bloquear esas plazas ni evitar que salgan en un concurso de traslados, si no hay un acuerdo con los sindicatos.

Por tanto, la solución yo creo que está en marcha. No hay en breve plazo ningún concurso de traslados previsto; hubo un acuerdo de la Mesa de Negociación para que se produjera un concurso de traslados de los Grupos C y D en el segundo semestre del dos mil uno. Y, al haberse iniciado los contactos con los sindicatos, yo creo que este problema se ha de resolver en breve; y, a partir de que quede resuelto, se podrá proceder a... a sacar el concurso de traslados que le he dicho. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señor Antona. Para consumir un turno de réplica, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Fernando Benito.

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ:

Gracias, señor Presidente. Mire, señor Portavoz del Grupo Popular, yo, oyéndole, estaba pensando que la mejor solución para no liar más el problema sería llegar a un acuerdo para que no se transcribiera su intervención, por lo menos, los dos tercios primeros -se lo digo, de verdad, con todo el respeto-; porque si eso lo leen los funcionarios interinos de Cámaras Agrarias, después del tiempo que llevamos hablando, que les diga usted que la solución es que cumplan la Ley y que accedan por el sistema de oposición o concurso-oposición, después de todo lo que hemos hablado, me temo que van a encrespar los ánimos, pero de una manera clarísima. Porque, vamos, yo creo que eso... eso consta en el manual de cualquiera de los que nos dedicamos a esto de la Función Pública, saber que, evidentemente, para pasar a funcionarios, pues tienen que pasar unas pruebas.

Pero si el problema no es ése, si el problema no es ése. El problema que estamos discutiendo... eso lo hemos profundizado muchísimo, ¿eh? Ha habido ya Consejeros suyos que eso ya lo habían, digamos, apartado del manual.

Yo creo que... fíjese, me da la impresión que en este caso, así como otras veces les decimos que a veces leen informes de la Junta, en este caso hay cierta desconexión. Porque, sinceramente, la situación estaba en otro punto, que usted ha retrotraído al año no sé cuál.

Primero, el historial de este colectivo en la transferencia lo ha resumido excesivamente. Este colectivo se transfirió como funcionario interino, teniendo una situación laboral previa. Y entonces hubo un compromiso de la Junta de Castilla y León en el sentido de dar estabilidad en el empleo, fruto de la transferencia; ése es un elemento fundamental.

Segundo, una vez que se habla... se establecen las primeras negociaciones, sólo había dos vías claras, así, sencillas: la primera era la de pasar un proceso de funcionarización vía concurso-oposición, o concurso, o oposición -las tres vías que dice el Reglamento de provisión de funcionarios-, o pasar a vía laboral. Son, precisamente, las negociaciones con las centrales sindicales de la Función Pública las que ven algún problema en el proceso de funcionarización y se abre la vía de la laboralización. Y ésa... desde entonces está parado; desde que se llegó a ese acuerdo está paralizado.

Por lo tanto, desde ese punto está mucho más avanzado de lo que usted ha contado.

Pero es que el otro... el otro proceso, que es el que usted dice que la Ley no permite bloquear las plazas de RPT, no es cierto. En la Junta de Castilla y León hay del orden de seis mil vacantes que no salen en todos los concursos de traslados; salen las que quieren las Secretarías Generales de las respectivas Consejerías. Y no pasa nada si hay un acuerdo político porque cien plazas se bloqueen, porque hay una solución puntual de un problema puntual.

Es más, yo le tengo que leer la contestación que me hace el Consejero... María José Salgueiro, el dos de febrero del dos mil uno -que no es muy lejos-, en la cual le pregunto exactamente por qué plazas van a estar incluidas en concurso de traslados y me dice, exactamente, que "las plazas citadas..." -que son todas, las cien, de los funcionarios de Cámaras Agrarias-, "...en relación facilitada por la Consejería de Agricultura, no se encuentran inmersas en ningún proceso de provisión de puestos de trabajo, ni en procedimientos de selección de personal fijo, tanto en lo que respecta a personal funcionario como personal laboral en los próximos meses". Y yo lo que le decía es que "los próximos meses", para ellos queda un poco inconcreto. Pero ya se sabe que hay una cuerdo de que no van a salir.

Luego, entonces, yo creo que... es más, he estado a punto de retirar la Proposición porque no afectaba nada más que hasta, digamos, enero del dos mil uno; pero en el espíritu está mantener la situación.

Por lo tanto, manifestar, primero, mi gran sorpresa de un voto en contra con una cosa que incluso se ha cumplido, es que incluso se ha cumplido en los propios términos de la Proposición; segundo, es que la propia... el propio Gobierno dice que lo va a hacer durante unos meses; y tercero, es que está negociado hasta ese punto.

Por lo tanto, yo creo que, en este caso, una sorpresa yo creo que muy desagradable para el colectivo, que estará muy atento a lo que usted ha dicho.

En segundo lugar, manifestar la sorpresa de que esto es un vaivén, que no se lo toman en serio. O bien no hablan ustedes ahora con el Gobierno para estas cosas o, sinceramente, no sé en qué punto nos encontramos. Me temo que lo que volverá a volver a tomar en serio la situación de solución definitiva será algún tipo de movilización del colectivo, que es inevitable ante este vaivén. Sinceramente, hay que tomarse las cosas muchísimo más en serio. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señor Benito. Para consumir un turno de dúplica, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Pedro Luis Antona.

EL SEÑOR ANTONA DEL VAL:

Gracias, señor Presidente. Bueno, usted puede pedir que borren la transcripción y puede pedir usted lo que quiera. Yo he dicho lo que tengo que decirle. Y si me va a decir que se va a movilizar el colectivo de los noventa y tres funcionarios interinos porque no se les estabiliza en el empleo, pues le tengo que decir que hay muchos otros interinos en esta Comunidad Autónoma, en la Administración del Estado y en todos los sitios, ¿eh?, y no se puede estar bajo la amenaza de que se van a movilizar.

El problema... Hay voluntad de solucionarlo -ya se lo he dicho antes-, pero hay que solucionarlo con un acuerdo con los sindicatos. No porque lo traiga usted aquí se bloquean esas plazas y ya está. Cuando se ha contestado por la Consejera anterior que estaba... que no estaba en ningún proceso de selección ni de promoción es porque no estaba en ese momento. No creo que eso es lo que usted pide. Usted pide que no se les incluya nunca; es decir, que se solucione su problema antes de que eso ocurra, ¿eh?, y en eso está. La Consejería y este Grupo está preocupado por la situación de los interinos de las Cámaras Agrarias y por la situación de todos los demás interinos, como comprenderá. Pero no se puede hacer una solución unilateral para un colectivo y no para otros. Luego habrá que abordar conjuntamente la situación de todos los interinos e intentar dar una solución a todos ellos, porque todos tienen necesidad de que se estabilice su empleo, lógicamente. Pero para eso hay que seguir unos procedimientos, un acuerdo con los sindicatos y una serie de pruebas de acceso, y respetar los principios constitucionales que le he dicho antes.

Eso me parece que es obvio. Y que usted pretenda aquí que eso no se haga y que, de alguna manera, se les dé la plaza por el artículo 33, pues no lo entiendo. Quiero decir que eso tiene que... ellos tienen que comprender que esto lleva un procedimiento. ¿Que es largo? Pues yo le diría que los interinos sanitarios llevan bastante más tiempo en esa situación, por distintas circunstancias. Es decir, todo el mundo que está en una interinidad quiere que su puesto sea fijo. Eso es lógico, y lo comprendemos, y apoyamos que ésa sea la solución final, pero dentro del marco de la ley.

Que se van a encrespar. Pues mire, ¿yo qué quiere que le diga? Si yo lo comprendo que el que está en una situación inestable de trabajo, pues, tiene, de alguna manera, la necesidad de manifestar su disconformidad y su deseo de que esa situación se arregle.

Ahora dice que si hay una cuerdo de laboralización con los sindicatos. Pues eso exigiría, igual, un procedimiento de anular esas plazas en la RPT como funcionarios, sacarlas como laborales, etcétera, que no se ha hecho. Por tanto, no será el acuerdo ese de esa manera. Es decir, que si están hablando con los sindicatos ahora y los sindicatos están de acuerdo en que se estabilicen estas plazas, éstas y todas las de los demás interinos... No sólo le preocupa a este Grupo o a la Consejería la situación de los interinos de Cámaras Agrarias, sino la de todos los interinos, como es lógico. Y eso pasa por un acuerdo global para todos ellos.

Yo creo que... Dice usted antes que la tenía que haber retirado; y creo que la tenía que haber retirado, la Propuesta de Resolución. Vamos a votar en contra, evidentemente, por absolutamente innecesaria y porque hay un procedimiento abierto para llegar a un acuerdo. Y mientras eso no se produzca, ese acuerdo, no van a correr peligro los puestos de trabajo de estos funcionarios, puesto que ya le he dicho antes que no hay ningún proceso... -y, además, se lo ha contestado en febrero la propia Consejera- que no hay ningún proceso actual que pueda alterar o pueda sacar, o que haga perder la plaza a ninguna de estas personas. Por lo tanto, tienen que estar tranquilos; se está buscando la solución. Y antes de que haya ningún concurso de traslados, el problema de los interinos de Cámaras Agrarias -y espero que el de los demás interinos- estará resuelto. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señor Antona. Entramos en un turno de fijación de posiciones. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra doña Daniela Fernández.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Gracias, señor Presidente. Pues vamos a abstenernos. Y no vamos a abstenernos porque no estemos de acuerdo en la situación que padecen los interinos que venían ocupando las funciones de Secretarios de Cámaras Locales... de Cámaras Agrarias Locales, porque, desde luego, entendemos que es injusta, que se prolonga excesivamente en el tiempo y que no se puede tener a personas ya adultas, que tienen una familia y unos compromisos económicos, en esta situación durante los años que ya llevan. O sea, creemos que o es muy grande la ineficacia de la Junta o tenía que haber estado resuelto ya este... esta situación hace años.

Pero, claro, no vamos a poder votar a favor; y no vamos a poder votar a favor porque siempre hemos estado en contra de esas plazas que se bloquean continuamente en los diferentes concursos. En este caso son C y D, pero también las hay del A y B. O sea, hay muchísimas bloqueadas durante años que están perjudicando a funcionarios de carrera que llevan esperando tiempo que haya un concurso en el que salgan esas plazas, que, por un motivo u otro -familiar o lo que sea-, les interesa esa plaza, que está ocupada por personas que pueden tener una valía incluso muy superior al funcionario de carrera, pero lo cierto es que no han pasado por el trámite -para mi entender- traumático de una oposición y se están perjudicando; se están perjudicando a la hora de tener un concurso.

Por otra parte, queremos ser consecuentes, porque si a veces venimos aquí a decir que se desbloqueen las plazas, que haya una RPT real, que etcétera, etcétera, ahora no vamos a pedir lo contrario, porque entonces sería estar siempre, pues, como agarrando por donde nos conviene, y no es eso.

Creo que la justicia y la igualdad tiene que ser siempre la misma, sea para quien sea, y en este caso no va a ser la excepción. Ahora, desde luego, entendemos que tiene ya que resolverse, porque son muchos años los que llevan los funcionarios... o sea, los interinos de las Cámaras Agrarias perjudicados; porque, además, siempre... o sea, ya de entrada han salido desplazados desde donde ellos vivían y ocupaban la plaza de Secretario, aunque se les haya dado la más cercana en el 90% de los casos, como mínimo. Pero, así y todo, es igual, la inestabilidad es horrorosa para una familia y para una persona.

Así que le rogaría al Grupo Popular que, de una vez, insten a sus políticos, a sus altos cargos, que se solucione, que se les dé una solución que sea definitiva para ellos. Que a unos les gustará más o menos el ser desplazados cuando haya un concurso, pero que al menos sepan a qué atenerse y que sepan que cuentan con el trabajo que han tenido toda su vida. Pero no podemos decir que hagan excepciones, cuando siempre pedimos lo contrario, y estamos perjudicando a terceros si esta Proposición No de Ley se aprobara. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señora Fernández. Para cerrar el debate, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Fernando Benito.

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ:

Gracias. ¡Hombre!, es un caso insólito éste, porque, normalmente, en las Cortes, el 90% de las Proposiciones no se aprueban, y el 10% que se aprueban no se cumplen. Pero votar en contra contra una cosa que ya se ha hecho, es que es un poco insólito.

Es decir, lo que pedía la Proposición -que yo no sé si se ha leído bien- es que en octubre no salieran las plazas a concurso de traslado hasta enero. Y eso se ha cumplido; y tan se ha cumplido que en una Pregunta de febrero dicen que incluso lo van a hacer durante algún mes.

Entonces, estamos votando en contra contra algo que se ha cumplido. A mí me parece que es casi insólito. Pero, en fin, todos los días uno puede ver nuevas ideas en este Parlamento que, en fin, le van a acrecentar su bagaje personal, ¿no?

Yo lo que quiero matizar son dos cuestiones. Una, este Grupo nunca dice... no ha dicho nunca que defendamos que las plazas de los interinos de Cámaras no salgan nunca, eternamente, a concurso de traslado. Hemos dicho que, mientras dura el proceso negociador, es evidente que no deben de salir, porque puede ocurrir que se dilate en el tiempo, y al finalizar el proceso negociador no quede ningún interino de Cámaras Agrarias. Es bastante sensato.

Eso lo quería matizar un poco a la representante del Grupo Mixto en el sentido de que entiendo que nosotros estamos continuamente pidiendo que salgan todas las plazas -como usted ha dicho- a concurso de traslados. Hay seis mil vacantes, más o menos. Lo que sí decimos es que, en este caso concreto, un colectivo de cien personas, por cierta singularidad, se llegue a un acuerdo político de que en ese proceso no salgan las plazas a concurso de traslados. Yo creo que es bastante razonable y bastante sensato. Alguna vez, por cierto, ya se ha hecho.

Por lo tanto, yo creo que la situación resulta bastante insólita porque la PNL, sensu stricto, defiende algo que se ha cumplido. El no retirarla es para mantener la idea de que este colectivo merece una solución concreta en su momento. Y, por lo tanto, apoyar un poco la propia contestación de la Consejera antigua de Presidencia, en el sentido de que se iba a mantener durante algunos meses.

Nosotros lo que... lo que queremos decir, para finalizar el debate, es, primero, que defendemos la singularidad de este colectivo dentro del propio colectivo de funcionarios interinos, y lo defendemos por muchas razones, pero una más que seguramente les podría convencer, y es que es la mejor manera para solucionar el problema. Es decir, si usted recomienda -como ha dicho- que entren en el saco de la solución de los interinos en su totalidad, pues dígame, desde hace catorce años, qué solución se ha dado a los colectivos en su totalidad. Hay un Informe del Procurador del Común diciendo que se estabilice, hay una propuesta de muchos de nosotros en muchos plenos sobre esta situación; no se aborda la solución de los interinos. Se ha firmado un acuerdo con los sindicatos, desde el año noventa y cuatro en vigor, de estabilización del problema de los interinos. No se soluciona ninguna. Nosotros queríamos solucionar, por lo menos, el de un colectivo singular, que tiene unos... un proceso jurídico tan específico y tan especial que podía solucionarse más rápidamente que el resto. Por supuesto que estamos a favor de que se aborde el tema con carácter general; y tan estamos a favor que hemos defendido -como digo- en suficientes intervenciones que eso se está... se debería hacer inmediatamente.

En definitiva, defendemos la singularidad por su historia, por sus promesas, por su historia administrativa jurídica y, sobre todo, por las promesas que se han hecho desde el Gobierno del Partido Popular en los años de la transferencia.

Y defendemos los acuerdos con los sindicatos, que -al igual que el Procurador del Común- habla de solucionar en la vía de la estabilización laboral. Y, en ese sentido, solamente queríamos defender la singularidad de un colectivo de cien personas, que -como decimos- en otros momentos muy cercanos -no más allá de dos años- habíamos avanzado mucho más de lo que hoy aquí se ha manifestado. Y, en ese sentido, manifestar nuestra sorpresa. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señor Benito. A ver, señor Sanz Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Sí. Señor Presidente, para una corrección en las sustituciones. Habíamos pasado la sustitución de doña Carmen Reina por doña Pilar San Segundo, cuando debería ser que doña Pilar San Segundo sustituye a doña María del Rosario Caballero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. Concluido el debate, sometemos a votación la Proposición No de Ley. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: dieciséis. Votos a favor: diecisiete... votos a favor de la Proposición No de Ley: seis. Votos en contra: diez. Abstenciones: una. En consecuencia, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

La señora Secretaria dará lectura al segundo punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA PUENTE CANOSA):

Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 439-I, presentada por el Procurador don Antonio Losa Torres, relativa a inventario de daños causados por las inundaciones del río Tera y otros extremos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 199, de veintiuno de diciembre de dos mil".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señora Secretaria. Mediante escrito presentado por el Grupo Parlamentario Socialista de fecha treinta de mayo, y número 2903 de Registro de Entrada en estas Cortes, el Procurador autor de esta iniciativa retira esta Proposición No de Ley, quedando, por tanto, sin efecto este segundo punto del Orden del Día.

Por consiguiente, entramos en el tercer punto del Orden del Día, que dará lectura la Secretaria de la Comisión.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA PUENTE CANOSA):

Tercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 463-I, presentada por el Procurador don Antonio Herreros Herreros, relativo a aplicación administrativa y presupuestaria en la Comunidad de Castilla y León de la Sentencia de la Audiencia Nacional de siete de noviembre de dos mil, sobre subida de IPC a los empleados públicos en mil novecientos noventa y siete, y sus efectos en posteriores anualidades, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 116, de seis de febrero de dos mil uno".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra don Antonio Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. La cuestión a estas alturas yo creo que es bastante sencilla, y solamente voy a relatar algunas de las cuestiones fundamentales, puesto que de lo que se trata es de conseguir lo que en estos momentos, tanto ayer como hoy, las centrales sindicales están reclamando, y es la aplicación provisional de la Sentencia de la Audiencia Nacional, del siete de noviembre del dos mil, por la que se anula la congelación salarial que sufrieron los empleados públicos en ese año, y que, lógicamente, conlleva la aplicación sucesiva para los siguiente años.

Si hacemos un análisis, observaremos que, año tras año, se viene produciendo una orientación por parte del Gobierno de la Nación en los Presupuestos Generales del Estado de unas limitaciones, de unas congelaciones salariales, que, lógicamente, no guardan ningún paralelismo con los índices de precios al consumo, con los índices medios de negociación colectiva que se producen en la nación, porque, lógicamente, se produce una disminución considerable; y, por otra parte, es un agravio, a nuestro juicio, desde todo punto de vista.

Hay una realidad, y es que es una de las historias más extrañas de la democracia de este país el que no se pueda mantener el criterio de igualdad ante la ley, ante los derechos sociales por parte de los trabajadores del Estado, que es la mayor empresa de la Nación, y el resto de los trabajadores sometidos a un régimen laboral concreto.

Por otra parte, hay un hecho que todavía llama más la atención, y es que por una serie de circunstancias se hace un planteamiento judicial de este procedimiento, se produce una Sentencia; una Sentencia que, por otra parte dice que es irrecurrible, y, al final -lo que en este país no pase con la Justicia, no creo que pase ya en ningún sitio-, pues es el propio Tribunal Supremo el que admite un recurso de casación de la Administración del Estado, el propio Gobierno. Por lo cual, prácticamente se congela todo ese proceso nuevamente.

Con lo que no sólo se ha tomado como chivo expiatorio de todo el proceso retributivo y de todos los derechos laborales a los funcionarios del Estado, sino que, además, de una forma absolutamente inopinada y sin negociación previa se han planteado no sólo la negación de los derechos más elementales que tiene cualquier trabajador en este país, sino la aplicación de una Sentencia que, lógicamente, hubiese traído como consecuencia, al menos, el reconocimiento de unos derechos y, posteriormente, tal como la propia Sentencia se planteaba, la indicación de que era absolutamente imprescindible que se hicieran las negociaciones oportunas para resolver, no sólo ese planteamiento, sino los sucesivos.

Pues bien, año tras año sabemos cómo evoluciona el Índice de Precios al Consumo, sabemos cuáles son los indicadores en general, sabemos lo que está pasando en el periodo vigente -es decir, este año-, donde de nuevo se les somete a esa condición cuando no guarda ningún tipo de paralelismo con lo que es la propia realidad de la evolución económica.

No nos extraña, y nos parece absolutamente normal, el que se produzcan estas negociaciones porque hay una pérdida sustancial del poder adquisitivo de los trabajadores de la mayor empresa del Estado. Y, en estos momentos, ya se está haciendo la reclamación expresa de la aplicación provisional de la Sentencia, al margen de las condiciones posteriores o de las circunstancias posteriores por las que pase definitivamente.

Lo que no se puede hacer, a nuestro juicio, y es bastante socorrido en estas Cortes cada vez que hay algún tipo de pronunciamiento o debate político sobre materia, sea cual fuere, de inmediato se argumenta aquello de "no pondrá usted en cuestión la profesionalidad de los funcionarios", "no estará usted diciendo que los funcionarios no cumplen con su deber, o no son diligentes y solícitos a la hora de las tareas que les incumben"; y es un socorrido argumento pueril, por otra parte, porque es intentar llevar a quien hace cualquier tipo de planteamiento el sentimiento de culpa de que acusamos, de que denigramos a los funcionarios. Cuando, si hiciésemos un repaso... y da la casualidad de que yo no soy funcionario; muchos de ustedes que están aquí, sí, aunque estén en otra situación, en otras circunstancias, pero a mí no se me puede imputar esa responsabilidad.

Me imagino que la mayor de las vejaciones, el mayor de los agravios, la mayor desconsideración posiblemente esté en la cuantificación económica de esa profesionalidad, el reconocimiento económico de esa diligencia y, lógicamente, también el reconocimiento del trato discriminatorio. Yo, que trabajo en la privada, sí tengo derecho a negociar el convenio colectivo, sí tengo derecho, al menos, a enfrentarme con la administración de la empresa en la que trabajo para decirle si va bien, si va mal, si queremos esto o queremos lo otro. La respuesta suele ser, en cada caso, diferente. Pero lo que no cabe la menor duda es que nadie me ha negado nada, ni me puede negar ese derecho; derecho que, a la mayor parte... vamos, a todos los funcionarios, hasta el momento presente, les tienen vetado.

Y es por lo que nosotros planteamos esta Propuesta de Resolución, que al cabo de los tiempos y por las circunstancias no deja de ser actual. Instamos a que la Junta de Castilla y León, de manera urgente... -decíamos ya en su momento, veintinueve de enero del dos mil uno; no hace tanto tiempo-, a aplicar, administrativa y presupuestariamente en la Comunidad de Castilla y León la Sentencia de la Audiencia Nacional, del siete de noviembre del dos mil, sobre la subida del IPC en los salarios de los empleados públicos en el año mil novecientos noventa y siete y sus efectos en las anualidades posteriores. Y, al mismo tiempo, a abrir un proceso de negociación en el ámbito de Castilla y León con los sindicatos firmantes del acuerdo a fin de concretar dicha aplicación.

He de decir que, sobre el particular, puestos en contacto con las centrales sindicales, nos consta que han solicitado este segundo punto, es decir, sentarse a abrir un proceso de negociación en la Comunidad Autónoma. Y, hasta el momento presente -y ya en este caso sí son varios años-, no les ha recibido la Administración Autonómica para siquiera darles explicación de por qué no se hace una aplicación de la Sentencia, aunque sea de forma provisional en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como en el resto del Estado. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señor Herreros. Para consumir un turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Juan José Sanz Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Sí, muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, yo creo que convendría dejar muy claro que tanto la Junta de Castilla y León como este Grupo Parlamentario -y estoy absolutamente convencido de que todos los Grupos Parlamentarios componentes de esta Cámara- son absolutamente escrupulosos con el respeto a las Sentencias, no solamente a ésta... y, evidentemente, también a ésta.

Después, sí me gustaría decirle que voy a tratar de hacer un razonamiento absolutamente aséptico, en la medida en la que me parece tremendamente delicado hablar de determinadas cuestiones, como pueden ser las retribuciones salariales de personas -en este caso de los empleados públicos-, generando expectativas que, en algún caso, pudieran no ser muy acordes con la realidad existente en este momento. Y como me parece muy delicado, voy a tratar de hacerlo de forma absolutamente aséptica. Y si bien es cierto que somos absolutamente respetuosos con la Sentencia de siete de noviembre del dos mil, no es menos cierto que, sin entrar en valoraciones de la Sentencia -que no querría hacer, salvo lo que fuera absolutamente y estrictamente necesario-, no es menos cierto que sí sería preciso hacer algunas consideraciones sobre alguna de las afirmaciones que aquí se han hecho y sobre lo que son los Antecedentes y la Propuesta de Resolución de su Proposición No de Ley.

En primer lugar, creo que es evidente que la Administración está sometida al principio de legalidad, y la Junta de Castilla y León, en este caso, y hasta el momento, lo único que ha hecho ha sido aplicar el precepto de la Ley General Presupuestaria, que con carácter básico dispone los topes de incremento retributivos para los empleados públicos en una anualidad. Y esto es lo que hasta este momento ha hecho la Junta de Castilla y León. Y, evidentemente, mientras que este precepto no fuera derogado no puede ser modificado tampoco por la Junta de Castilla y León.

En segundo lugar, sí que me gustaría dejar claro que el ámbito de aplicación de la Sentencia referida es el acuerdo de quince de septiembre del noventa y cuatro, es decir, del personal de la Administración del Estado, de la Administración Civil del Estado, sus organismos autónomos, el de la Administración de la Seguridad Social, los entes públicos, representados en la Mesa General de Negociación, y, por extensión, se podría entender que sería de aplicación al personal al servicio de la Administración de Justicia, de Correos, de Instituciones Sanitarias y personal de Universidades.

Por lo tanto, de lo anteriormente expuesto se podría considerar perfectamente que la Sentencia no tiene una incidencia directa en el personal al servicio de la Administración Autonómica, a excepción, lógicamente, de aquel personal transferido a la Comunidad Autónoma como consecuencia del proceso de transferencias de competencias y que en el año noventa y siete estuvieran prestando servicios en la Administración del Estado.

Y, por último, señor Herreros, yo le diría que el abono de las cantidades a los funcionarios de la Administración del Estado afectados, salvo que pudiera acordarse por el órgano judicial competente la ejecución provisional de la Sentencia -que, como usted sabe, no se ha producido-, no puede llevarse a cabo hasta que la propia Sentencia no adquiera firmeza. Y, en estos momentos, la Sentencia se encuentra recurrida y admitida por el Tribunal Supremo en casación. Por lo tanto, no sería posible la ejecución provisional de la Sentencia en tanto en cuanto el órgano judicial competente no dictara la aplicación provisional de la Sentencia. Y, a partir de ese momento, evidentemente, el procedimiento, el procedimiento sería articularlo a través de los procedimientos y cauces legalmente establecidos.

Pero esto, que es absolutamente evidente, coincidirá usted conmigo en que si hacemos análisis riguroso de la situación, no parece muy aconsejable, no parecería aconsejable con una Sentencia que no es firme... y, evidentemente, si la primera de la propuesta... de su Propuesta de Resolución no tiene sentido, la segunda parte, no habiendo sentido la primera, sentarse a negociar cómo se instrumenta algo que todavía no existe, tendría menos sentido. Pero, por otra parte, en aras del rigor, de la seriedad, porque estamos hablando, estamos hablando de retribuciones a empleados públicos, que son personas que tienen familias, no parece serio -decía-, mientras no haya una Sentencia firme, aplicar de forma provisional la ejecución provisional de la Sentencia, aunque ni siquiera el órgano judicial competente lo ha hecho.

Porque imaginemos por un momento que una vez que la Sentencia fuera firme, esa Sentencia fuera... una Sentencia contraria a esta Sentencia de la que estamos hablando en estos momentos, imaginemos que es así, Señoría; y, llegado ese caso, yo lo que me pregunto, ¿quién va a decirle a los funcionarios que tienen que devolver sus retribuciones, sus incrementos en retribuciones indebidamente percibidas? Yo creo que en este asunto hay que ser mucho más serios, porque en lo que tengo serias dudas -permítame, Su Señoría que me manifieste así-, tengo serias dudas de que, si la Sentencia fuera firme en sentido contrario, ustedes presentaran una Proposición No de Ley en la que dijeran que se insta a la Junta de Castilla y León a que se siente con los sindicatos de forma urgente para que, de forma urgente también, devuelvan los incrementos de las retribuciones indebidamente percibidos.

Por lo tanto, yo creo que no procede la aprobación de esta Proposición No de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra don Antonio Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señoría, serio serio, no lo sé; pero, mire, todos los fenómenos que han acontecido en torno a este asunto tienen mucha menos seriedad que la que usted pretende imputarme a mí para menoscabar argumentos. Y, además, se lo voy a argumentar.

Serio serio, por ejemplo, es que cuando hay un contencioso, sea quien tenga la razón, si alguien, alguna de las partes solicita "vamos a sentarnos", al menos por educación, por deferencia, por sensibilidad política, se siente; aunque sea simplemente para explicar que no es posible la aplicación o no queremos aplicarla. Con eso ya sería suficiente para empezar a decir: "Bueno, pues estamos en igualdad de condiciones". Pero hacer oídos sordos de una historia de esta naturaleza y pasar por alto, como que no quiere la cosa, cuando ustedes están constantemente argumentado las veces que se sientan con las centrales sindicales mayoritarias para pactar, negociar o acordar, eso sí que no es serio.

No es serio en absoluto, señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que eso, por otra parte, es decir, la reclamación de la Sentencia, lo que se reclama en la Sentencia, estaba negociado con las centrales sindicales a nivel del Estado, y de una forma absolutamente inopinada el Gobierno de la Nación, presidido por el señor Aznar, sin dar explicaciones a las centrales sindicales, llegó y dijo: "Se acabó la diversión; a congelar". Y se pusieron a congelar sin mediar en absoluto ningún tipo de proceso negociador. Eso no es serio. Pero ya no es que no serio; no es justo, no es democrático. Y estamos hablando en un país, en España. No sé en otros países, a lo mejor, si eso se puede tomar en consideración, Señoría.

Claro, seamos escrupulosos con la Sentencia. La Sentencia, en principio -usted me imagino que la conoce-, dice "esto es irrecurrible" y... por parte de la Audiencia. Y todos sabemos cómo en estos momentos se está presionando sobre la Justicia, y que al final terminan haciéndose sentencias, pues bueno, pues a la carta. Y a la carta fue una presión enorme que ha ejercido el Ejecutivo Nacional sobre el Tribunal Supremo para que al final se haya producido lo que se ha producido: admitir a casación a un contencioso-administrativo, que vaya usted a saber cuándo va a resolver este problema.

Pero, mientras, el Gobierno, haciendo gala de esa seriedad, sigue sin sentarse con las centrales sindicales, siquiera para darles ningún tipo de explicación, ni aquí ni allí; es decir, ni a nivel autonómico ni a nivel central. Y esto lo llamamos seriedad y lo llamamos no sé cuántas cosas más.

Mire, si hemos de ser escrupulosos con la Sentencia y con la legislación vigente, usted sabe que es perfectamente aplicable de forma provisional la Sentencia. Y usted sabe mejor que yo, incluso, que hay una posibilidad tan clara y tan espontánea como que no han necesitado sentencia ni consejo alguno para congelar el sueldo a los funcionarios. ¿Qué costaría a la Administración del Estado, es decir, al Gobierno de la Nación en este caso, decir: "En aplicación de la Sentencia que, al final, en el contencioso-administrativo, nos ha dado la razón a la Administración General del Estado..." -que, muy posiblemente, en otra Sentencia a la carta se la dará la razón- "...vamos no sólo a congelar, sino a retener el porcentaje equis para que, en un plazo determinado, se resarzan las arcas del Estado de lo que en su día han aportado, en aplicación estricta de la legislación vigente"? No iba a ocurrir absolutamente nada. Pero, claro, eso es prejuzgar. Y eso, lógicamente, a ustedes les interesa.

A mí me llama la atención cómo la mayor parte de ustedes, que son funcionarios, siquiera no van a hacer una reflexión, que es la siguiente: al margen de la propia Sentencia, hay un hecho justo, hay un hecho de derecho democrático, que es el que haya la posibilidad de negociar. Y esto se está negando a una parte importante de la gran empresa del Estado, que es, precisamente, el funcionariado. Y de negociar y llegar a los acuerdos que se lleguen. Y cuando se llega a acuerdos, se cumplen, como en el caso anterior, no de forma absolutamente unilateral se pueda aplicar como se ha aplicado.

Entonces, ahí, para mí creo que estaba absolutamente claro que no es en absoluto una Sentencia aplicable para aquellas... aquel sector, sino que, por extensión, se hace a todo el funcionariado. Y, lógicamente, por razones de una lógica aplastante, difícilmente el funcionario de la enseñanza va a, en una cuestión de reclamación de derechos no específicos de ese sector sino generales, pues va a poder gozar de unos beneficios que, lógicamente, otros no pudieran gozar.

Y, en síntesis, yo le diría que no se escuden ustedes constantemente en cuestiones de esa naturaleza. Yo creo que al Gobierno de la Nación se le debe defender cuando se le debe defender. Al Gobierno de la Administración Autonómica se le debe defender cuando se le debe defender, pero circunstancias de esta naturaleza, que atentan a los más elementales principios de la democracia y que ponen en entredicho la igualdad, la capacidad de negociación, el respeto a los procesos de negociación, no son en absoluto elementos que puedan ser defendibles ni por los que estamos en estos momentos en la Oposición, ni por los que, lógicamente, sustentan las tareas de Gobierno. Hay elementos de justicia que son inapelables, y éste es uno de ellos. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señor Herreros. Para consumir un turno de dúplica, tiene la palabra el señor Sanz Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Sí, señor Presidente. Muchas gracias. Muy brevemente, porque, realmente, no se ha aportado ninguna cuestión diferente a la expuesta en la primera intervención por el señor Herreros.

Sí le diré como cuestión previa: yo no soy funcionario, ¿eh? Es decir, que... si aparento ser funcionario... no tengo nada en contra de los funcionarios, pero sí le puedo decir que yo, en mi caso, no era el caso ese que dice usted que la mayoría de ustedes son funcionarios. No es mi caso, no soy funcionario. Y debo decir que tampoco tengo mucha intención de ser funcionario.

Dicho esto, dicho esto, señor Herreros, yo me limito, yo me limito a leer los Antecedentes de una Proposición No de Ley, a leer la Propuesta de Resolución, en dos apartados que usted hace de esa Proposición No de Ley. Bien es cierto, bien es cierto, que, después, en su intervención, pues mezcla de casi todo. No sé si lo que pretende es que entremos en un debate sobre la oportunidad o no oportunidad de una congelación salarial, no sé si lo que pretende es que entremos en un debate sobre las situaciones de posibles agravios o posibles situaciones favorables de los empleados públicos en relación con el resto de trabajadores de este país.

Y, al final, lo que sí que me ha quedado claro es que usted conocía perfectamente los argumentos que yo le he dado para explicar por qué no podía ser aprobada su Proposición No de Ley. Creo, sinceramente, que, en buena medida, los comparte. Cuestión diferente es que, al final, todo el problema... no contesta a ninguno de los argumentos que yo le doy por los que no puede ser aprobada la Proposición No de Ley, y toda su Proposición No de Ley y toda su intervención se resume en que "bueno, pero realmente lo que ocurre es que no se han sentado para explicarles el por qué no es posible la ejecución provisional de la Sentencia a los sindicatos".

Mire usted, lo saben perfectamente. Usted lo sabe perfectamente, y no entro yo en no considerar oportuno el que se sienten. Yo creo que el sentarse a dialogar siempre es bueno; por lo tanto, no voy a hacer ninguna valoración al respecto.

Pero de lo que estamos hablando aquí es de la ejecución provisional de una Sentencia cuya ejecución provisional no ha sido mandatada por el órgano judicial competente y que, por lo tanto, y que, por lo tanto, no puede ser de aplicación.

El otro planteamiento... Yo le hacía una pregunta, es decir: ¿usted va a presentar, en caso de que la Sentencia...? Cuando la Sentencia adquiera firmeza, si la Sentencia adquiere firmeza y es contraria a esta primera Sentencia, ¿usted va a presentar una Proposición No de Ley instando de forma urgente a la Junta de Castilla y León a que se siente con los sindicatos para que devuelvan inmediatamente los incrementos retributivos percibidos indebidamente?

Mire, yo creo que, evidentemente, se podría hacer lo que usted propone, es decir, ir descontando en el tiempo... No es serio. Yo creo que es un tema lo suficientemente importante como que se actúe con absoluto rigor. Entre otras cuestiones, porque está en estos momentos fuera de lo que es el ámbito político y está pendiente de la resolución de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y eso es, eso es lo que yo creo que debemos... que debemos hacer.

Usted habla también de un acuerdo de Estado que se había tomado por parte de un Gobierno y que, sin negociación de ningún tipo, por parte del Gobierno del señor Aznar se toma una medida de congelación o de incrementos retributivos por debajo del IPC. Bien. Evidentemente, tampoco voy a entrar en los precedentes al respecto. Pero, en cualquiera de los casos, en cualquiera de los casos, y sin ánimo de entrar en la Sentencia, mire usted, se hace bastante difícil, bastante difícil, a este Portavoz -que no es funcionario- entender que un acuerdo que se toma por un Gobierno -y sin entrar a valorar lo que podría significar este tipo de cuestiones; es decir, cualquier Gobierno podría hipotecar gobiernos sucesivos con medidas... con acuerdos de estos tipos-, se toma el acuerdo, que no se eleva a ningún rango -no hay ningún decreto, ninguna disposición, no hay nada que recoja ese acuerdo-, y se pone en duda que un Gobierno, a través de un trámite como es una ley respaldada en el Congreso y en el Senado, no pueda modificar un acuerdo que simplemente ha sido un acuerdo y no tiene ningún rango de ley.

Por lo tanto, señor Herreros, yo entiendo su sentimiento de, estando de acuerdo con la... con esta Sentencia, que se ejecute cuanto antes; entiendo su postura de apoyo a los empleados públicos, que es exactamente igual que la nuestra. Lo que ocurre es que, quizá, la diferencia está en que unos tienen la responsabilidad de gobernar, por lo tanto, la responsabilidad de dar trigo, y otros, probablemente, solamente tienen la responsabilidad de predicar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Fernando Benito.

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ:

Gracias, señor Presidente. Al Portavoz del Grupo Popular siempre... siempre le tocan las causas difíciles, porque ésta no es como la... ésta no es como la del kilometraje, que -por cierto- el kilometraje votaron en contra de los dos meses. Se cumplió lo que dijo este Portavoz, que el Gobierno lo aprobó y está en aplicación. Pero, en fin, son causas siempre bastante difíciles.

¡Hombre!, yo creo que el veintitrés, el veintitrés de enero... (Sí, sí, por cierto, voy a advertir que yo sí soy funcionario, ¿eh? Voy a hablar de algo que me afecta también.) Bueno, el veintitrés de enero yo creo que lo que se puso de manifiesto es, primero, la ruptura unilateral de un acuerdo por parte del Gobierno y, segundo -digamos-, la finalización de un estilo de gobernar. Porque usted no está acertado en lo que está diciendo al final, porque lo que se está discutiendo no es que se pueda o no romper ese acuerdo, sino la discusión es que tenía obligación de negociar, y lo que hizo el Ministro de Administraciones Públicas es ni siquiera sentarse a decir que no iba a cumplir el acuerdo; lo cual hubiera modificado mucho el planteamiento jurídico, ¿eh? Es decir, que lo que se estaba discutiendo, incluso, es una... digamos, un estilo de gobernar, que es, con un acuerdo firmado, ni siquiera comunicar a las partes la negociación de ese acuerdo o la renegociación de ese acuerdo.

¡Hombre!, yo creo que, por no remontarnos a lo que significa el acuerdo, y estando absolutamente en línea con lo que se ha expuesto de la congelación... lo que suponía la situación retributiva de los empleados públicos y la congelación del año noventa y siete, hombre, yo creo que en Castilla y León sí se han producido unos hechos que merecen especial significación.

Yo estoy absolutamente de acuerdo con la posición del Proponente, en el sentido de que, cuanto menos, se debería, como dice la Proposición en el punto segundo, establecer la negociación incluso para no pagarlo. Es decir, de alguna manera, lo que se tiene que hacer es abordar la situación en Castilla y León, aunque sólo sea para decirles una cosa que es bastante jugosa, de que la ley nos vincula por precepto básico para estar congelados, pero no nos vincula para descongelarnos; lo cual es bastante gracioso. Porque eso tiene bastante miga jurídica, porque es artículo básico el cumplir la congelación, pero si se descongela parece que no es básico. Yo, en fin, a mí me gustará que eso nos lo aclare el Gobierno, cuanto menos.

Y, segundo, porque la Proposición lo que dice -y aunque está hecha el día veintinueve y nosotros teníamos una Proposición semejante, que al final no la hemos incluido y está hecha cuando surge el incidente jurídico-, es evidente, es evidente que, cuanto menos, lo que dice es que se sienten a hablar sobre qué es lo que se va a hacer.

Porque, claro, usted dice que está todo muy claro; pero yo le voy a recordar, si quiere usted escucharme, le voy a recordar por qué la Junta de Castilla y León no lo tenía nada claro. El día veinticinco la Consejera de Economía dice... la Consejera de Presidencia dice que el Gobierno Regional no tiene idea clara de si afecta a las Comunidades Autónomas. Y al día siguiente dice, dice que escapa del ámbito regional el cumplimiento. Fíjese en veinticuatro horas cómo lo tenían de claro. Y el Vicepresidente Segundo entonces y Consejero de Educación y Cultura dice que el acuerdo entre la Administración Central y Autonómica hay que renegociarlo, hay que renegociarlo. Luego está absolutamente convencido de lo que usted no está, y es que aquí afecta de lleno el cumplimiento.

Pero, por si fuera poco, la Consejera de Economía lo evalúa al día siguiente entre 15 y 18.000 millones. Fíjese si está seguro y lo dice exactamente así. Pero, no obstante, claro, el que nos tranquilizó del todo fue el Vicepresidente Primero, que ese mismo día, que aunque costaba de 15 a 18.000 millones, el Vicepresidente entonces Primero del Gobierno Regional dice que "no obstante, vamos a cumplir el objetivo de déficit cero en la Comunidad de Castilla y León". Es decir, cuatro declaraciones que uno no sabe si nos afecta, otra dice cuánto vale el... la otra la cuantifica y el otro dice que, encima, cumplimos el objetivo de déficit cero. Esto da señal de por dónde andaban las cosas.

Pero, por si fuera poco, el meollo de la cuestión y por lo que quizá es fundamental -digamos- el cumplimiento del acuerdo es por lo que ha dicho el Proponente en su turno anterior. Y es que, fundamentalmente, lo que se firmó el año noventa y cuatro es el principio de negociación colectiva en la Administración Pública. Y lo que se hace es romperlo de una manera unilateral. Tan es así que en los presupuestos... -yo creo que lo dijimos todos-, pero los presupuestos... en la discusión de presupuestos del año noventa y seis en este Parlamento Regional, en este Parlamento Regional -el Diario de Sesiones a veces es una losa-, nuestro Grupo decía que, en primer lugar, estamos en contra de la congelación salarial por una razón, porque se rompía el principio de negociación colectiva en la Administración Pública. Ése era el concepto fundamental por el cual se decía que no estamos de acuerdo con la congelación; otra cosa es discutir si tenía que ser el IPC previsto por el Gobierno, o tenía que no ser el IPC, o ser tal.

Por cierto, otra cosa que usted ha dicho y que no es nada cierta. Usted ha venido a decir que la Junta de Castilla y León no podía hacer otra cosa que un año de congelación salarial. Precisamente ese año quedó demostrado, por este Grupo Parlamentario, que sí se hicieron cosas con algunos que no se hicieron con el resto. Y usted sabe perfectamente que en el año noventa y siete se camufló la subida de sueldos para alguno -como dice la representante del Grupo Mixto muchas veces-, para los del Grupo A y puestos directivos, en base a dos conceptos: modificándoles el complemento específico y modificándole el propio grupo o nivel al cual pertenecían. Y se hizo unilateralmente en algunos colectivos que eran los que en ese momento les interesó a la Administración. Luego sí se hizo -digamos- una subida salarial específica para algunos y de una manera absolutamente fuera de la ley.

Por lo tanto, nosotros, desde luego, estamos de acuerdo en que en este tema... en dos... en tres conceptos: primero, hay que apoyar y defender el principio de negociación colectiva en la Administración Pública y, segundo, que hay que apoyar la negociación de los sindicatos en todos los ámbitos. Negociación sindical que debe producirse aquí, en la Junta, instar a que ocurra en Madrid y a la propia... al propio Gobierno Regional con el propio Gobierno de la Nación. Porque es verdad lo que dice algún Consejero -y usted lo ha reconocido ahora- que obligaría a renegociar el traspaso de la competencia de Educación No Universitaria, entre otras cosas, o incluso el coste del traspaso de la Sanidad que se está negociando en estos momentos. Por lo tanto, en tres ámbitos, por lo menos, hay que instar.

Y, bueno, la Proposición, evidentemente, defendemos que debería de aplicarse el pago a los empleados públicos; pero, desde luego, lo que sí está claro es que se tiene que sentar con los sindicatos a hablar de este asunto a ver cómo se paga, o no se paga, y, desde luego, cómo se va a negociar en los ámbitos correspondientes el cobro del coste efectivo de las transferencias.

Nosotros pensamos que es elemental que la Proposición va en esa dirección, por encima de la aplicación o no sujeta a causa jurídica en estos precisos momentos. Yo creo que es una cuestión casi de filosofía política lo que se está pidiendo con esta Proposición y, por lo tanto, vamos a apoyarla.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señor Benito. Para cerrar el debate tiene la palabra el señor Procurador Proponente, don Antonio Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Agradecer, y además entendemos el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista en este caso; y aunque no cabe forma de abrir la posibilidad a fijar posiciones, en este caso, al representante de la UPL, también, por lo que me viene comentando, estaría de acuerdo. Fijará posición con el voto, cosa que no puede hacer el Proponente, curiosamente.

No obstante, yo sí quiero decir... ya se ha pasado el turno, pero no tenemos ningún tipo de inconveniente en entrar, como dice Su Señoría, a todo; pero con todas las de la ley, analizarlo o discutir. Pero yo le voy a recordar sólo algunas cuestiones como conclusión. Cuando dice "seamos escrupulosos en la aplicación y en el respeto a las Sentencias", yo le voy a decir que no sólo a una parte de la Sentencia, sino a las dos partes de la Sentencia, fundamentales, que no sólo dice que hay que hacer la aplicación, sino que mandata a las Administraciones a sentarse con las centrales sindicales para resolver ese problema y los sucesivos problemas. Y es significativo que se acogen a la primera parte; dicen: no hacemos la aplicación de la Sentencia en esa primera parte, puesto que hacemos el recurso de casación. No hacen el recurso en relación con la negociación y tampoco negocian. Lo cual quiere decir que, en absoluto... que sólo negocian cuando les interesa, porque a los sindicatos les llaman cada dos por tres y las centrales sindicales no tienen ningún tipo de inconveniente; y en este caso concreto, Señoría, cuando hay una solicitud expresa por parte de las centrales sindicales, aquí, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

No juegue con eso de que usted dice que yo comparto sus argumentos. No sólo no comparto sus argumentos, rebato sus argumentos; y le diría más: me parece que tienen una debilidad tremenda en los más elementales principios democráticos, según nosotros los entendemos, en virtud de este asunto. Pero no sólo de los principios democráticos -hablo de educación-. Si usted me dice, si usted me dice que un acuerdo establecido entre un Gobierno y las centrales sindicales puede venir otro Gobierno y, sin mediar palabra, cargarse ese acuerdo, me está diciendo que no me fíe nunca de quien opera en esas condiciones. Porque lo mínimo que debe hacer... todos los acuerdos son modificables, pero lo mínimo que debe hacer, lógicamente, decir: mire usted, ese acuerdo yo no le puedo... no le quiero cumplir porque no está de acuerdo con mi criterio, con mis planteamientos, y vamos a discutir a ver cómo llegamos a la modificación, porque no estoy en disposición, no me responsabilizo de él. Puede ser de dudosa interpretación, pero, en todo caso, hay una explicación; en todo caso, hay una forma de llegar y decir: bueno, pues como no somos el mismo Gobierno, yo aquello no lo quiero aplicar. Y, lógicamente, estarían en su pleno derecho; pero no que se haga como se hizo, que se hizo por la aplicación del presupuesto... de los Presupuestos Generales del Estado.

Pero hay formas de relacionarse entre las personas, digo yo; o podíamos decir, si no, que son -como vulgarmente se dice puñaladas traperas. Puñaladas traperas, que usted cuando dice "usted va a hacer una PNL en caso de que se produzca una sentencia y hubiese que devolver ese dinero". No sería necesario, porque a la vista de cómo han actuado en la primera instancia, la segunda instancia sería innecesario que nosotros hiciésemos ningún tipo de propuesta de resolución para que devolviesen los funcionarios la tela. Se lo iban a quitar sobre la marcha, es decir, casi casi antes de que se pudiese hacer una aplicación, por la forma que hacen.

Claro, en caso de que no fuese así, nosotros seríamos también respetuosos y pediríamos: oiga, mire usted, una vez concluido todo el proceso, efectivamente; pero ¿quién les va a devolver a estos señores y señoras funcionarios todo lo que vienen perdiendo desde el año noventa y siete, en caso de que se produzca la otra historia? Porque pueden ser del orden de un 10% de incremento lo que les tengan que aplicar. ¿Van a ser ustedes diligentes, en caso de que se produzca la sentencia en el sentido contrario, para hacer una aplicación restituyendo toda esa cuestión? Bueno, pues, entonces ya veremos a ver cómo es la historia.

En todo caso, usted no es funcionario, yo tampoco, pero a mí me une una historia, en este caso, con los funcionarios: elementales principios democráticos de igualdad. Yo tengo unos derechos laborales; nadie debería de irrogarse los derechos laborales de los funcionarios sin pedirles permiso a ellos. El Gobierno de la Nación sí lo está haciendo. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señor Herreros. Concluido el debate, sometemos a votación la Proposición No de Ley. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: diecisiete. Votos a favor de la Proposición No de Ley: siete. Votos en contra: diez. En consecuencia, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

La señora Secretaria dará lectura al cuarto y último punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA PUENTE CANOSA):

Cuarto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 522, presentada por el Procurador don Fernando Benito Muñoz, relativa a adecuación a la normativa vigente del control y cesión de datos de carácter personal de la Administración de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número ciento treinta y cinco, de cuatro de abril del dos mil uno".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. Para la presentación de la Proposición No de Ley tiene la palabra don Fernando Benito.

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ:

Gracias, señor Presidente. Por entender un poco los términos de la Proposición, digamos que nos vamos a ceñir sólo a lo que es la protección de datos de los empleados públicos, en tanto y cuanto son empleados de la Administración, y, por lo tanto, no vamos a hablar del control de datos de las personas ajenas a la Administración, cual serían las visitas en edificios públicos y demás, ¿no? Aclarado esto, porque sería fundamental.

Sí decir que, como ustedes saben, el control de datos -digamos- personales está sujeto a una normativa bastante completa y estricta. Yo creo que hay que delimitar conceptualmente el tratamiento de datos, como hace la Ley Orgánica de Protección de Datos, en el sentido de... recoge todos los extremos respecto a lo que es un tratamiento de datos, como es la recogida, la gravación, la conservación, la elaboración, la modificación y la cesión. Por lo tanto, tener claro que por un lado estamos hablando de lo que es legalmente el tratamiento de los datos y, por otro lado, contempla, dentro de ese tratamiento, lo que es la cesión de los datos con un objetivo claro, que recoge toda la reglamentación, cual es el respeto a las libertades públicas de los empleados; en este caso, de los empleados públicos de la Administración.

Bueno, sin entrar en más disquisiciones de tipo legal, sí decir que en Castilla y León hay una normativa específica en el año noventa y nueve. Y ha habido una queja en el Procurador del Común, una queja hecha por los empleados públicos transferidos en la Enseñanza No Universitaria, que mereció una resolución del propio Procurador del Común y que tenía que ver -digamos- con la regulación tanto autonómica como en el empleo que se hacen de los datos específicos de los empleados públicos en la Comunidad de Castilla y León.

La propia normativa -digamos- autonómica habla también de lo que es el organismo que recoge y que regula todo el proceso de protección de datos -es decir, lo que se llama el fichero-, que está regulado, recogido en el Registro General de Personal de la Consejería de Presidencia, y que tiene tres objetivos que describe claramente, cual es la inscripción -digamos-, todo lo relativo al historial administrativo y todo lo que tenga que ver a la estadística y a la gestión y a la organización de la propia Administración.

Bueno, una vez que se... que se tiene clarificado estos conceptos, lo que está claro es qué tipo de... qué tipo de cesión se puede hacer de los datos de carácter personal. Bueno, viene en la normativa recogidos algunas excepciones, pero lo que está claro es que se recoge -digamos- el llamado "consentimiento del interesado" como pieza clave para regular la cesión de carácter... de los datos de carácter personal a otras... a otros terceros o a otras empresas.

Bueno, la Proposición que hoy hacemos está claro que viene a decir tres ideas básicas: en primer lugar, que se adecúe la... el tratamiento de datos de carácter personal a los fines que contempla estas normativas que muy sucintamente he relacionado, es decir, tanto el Decreto 40 del año noventa y nueve de la Comunidad Autónoma como la Ley Orgánica que lo regula en el ámbito general; segundo, regular un poco la cesión con las excepciones, que también viene en la propia normativa; y, en tercer lugar, hacer una recomendación en las cartas de bienvenida, que es el origen de la queja y que pensamos que tiene bastante importancia porque es una queja contraria a la Administración y es una queja que... (Yo voy a leer algunos párrafos ahora del interés que pueda tener la utilización de estos datos.)

Pues -como digo-, las cartas de bienvenida, las cartas de empresa, que sea la... que se rijan siempre por el principio de que, a ser posible -que siempre es bastante posible-, se hace con la entrega directa al propio empleado público por parte de la Administración y no en la cesión de datos a empresas, como ocurrió, en este caso, a la empresa PDM, Sociedad Anónima, en la cual merece, entre otras cosas, el calificativo del Procurador del Común -y leo textualmente- que "en el supuesto que nos ocupa, y sobre la base de lo que se acaba de exponer, que es el control legal de la protección de datos, la cesión de datos a favor de la citada empresa sería un tratamiento de datos no autorizado por la ley". Es decir, que se ha incumplido, porque no hay consentimiento -como se dice- del... del interesado. Y, por lo tanto, la recomendación que hace el Procurador en ámbitos más amplios, de alguna manera está recogida en nuestra propia Proposición.

Sí hacer especial mención a que, en el caso que nos ocupa de la cesión de datos o cartas de bienvenida, pues que se vaya con carácter prioritario a la entrega personal de las mismas, evitando cesión de datos a terceros. Que, además, en el caso que nos ocupa, que es esta queja puntual, pues no se ha ajustado, ni mucho menos, a la ley vigente. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. Para consumir un turno en contra, ¿por el Grupo Parlamentario Popular? Renunciando al turno en contra, abrimos un turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra doña Daniela Fernández.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Gracias, señor Presidente. Vamos a votar a favor, porque el uso que se está haciendo, no sólo de los... de las direcciones y nombres de los funcionarios, no sólo de los datos personales de los funcionarios, sino de incluso -como menciona en los Antecedentes de la Proposición No de Ley- de los agricultores que solicitan la PAC es, desde luego... tendrían que darle un tanto por ciento, además de lo de la PAC, por la campaña publicitaria del PP que supone la carta que el señor Presidente de la Junta envía a cada agricultor, como si le hubiera dado el aguinaldo de Navidad; ni siquiera el PP, ni siquiera la Junta; él, de su bolsillo.

Se están utilizando los datos personales, tanto de funcionarios -como es la PNL- como de administrados, para fines que no siempre coinciden con la legalidad, como ha citado el Portavoz del Partido Socialista... del Grupo Socialista. Por lo tanto, vamos a votar a favor.

Y ya que son tan escrupulosos con algunas sentencias como la anterior, vamos a pedir que sean igual de escrupulosos en el cumplimiento, en concreto, de la ley que nos afecta en la PNL que se está tratando. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señora Fernández. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Roberto Jiménez.

EL SEÑOR JIMÉNEZ GARCÍA:

Muchas gracias, señor Presidente. Sí, lo cierto es que este Grupo Parlamentario ha ido al turno de fijación de posiciones por dar una explicación, evidentemente, de cómo... del planteamiento que se ha hecho por parte del Grupo Socialista. Porque entendemos que no... no tiene... no es que no tenga sentido, pero, quizá, pues no sea muy procedente el efectuar un debate, porque... sobre esta cuestión... por lo que le voy a explicar, ¿verdad?

Yo no le quito a usted esencialmente la razón. Lo que sí le digo en el sentido de que usted manifiesta que se debe de realizar una regulación por parte de la Junta de Castilla y León. Ciertamente eso... tenemos que estar de acuerdo, pero eso, por imperativo legal. Hay una Ley de Protección de Datos, que es la 15/99, que obliga a que, en el plazo de tres años, pues la Comunidad Autónoma dicte unas normas que regulen este... este tema de la protección de datos, con independencia de que algunos de los... de los artículos y de la regulación legal que establece el Decreto 40/99 de la Junta de Castilla y León, que usted ha citado, pues, evidentemente, se tenga que cumplir.

Dicho esto de que efectivamente tenemos que cumplir... o tenemos que darle una regulación a este asunto, yo lo que sí quiero manifestarle es, respecto a lo que usted cita en su Proposición de Ley, es, pues, precisamente, contestarle a lo que a usted le preocupa, y es que se cumpla escrupulosamente la Ley.

Nosotros entendemos que la Ley se cumple, con independencia de que a veces los usos sean los más correctos o no; pero, en fin, eso ya no... ya no es cuestión que creo que nosotros debamos de discutir aquí, porque no creo que sea cuestión nuestra el discutir cómo ha de entregarse o no una notificación o una carta de bienvenida, etcétera. Entiendo yo; usted tendrá otro punto de vista diferente. Pero lo cierto es que nosotros lo que aquí debemos de debatir -y además que hoy el tema va de leyes- es, precisamente, que cumplamos escrupulosamente la legalidad vigente en este extremo. Y la legalidad vigente en este extremo es, precisamente, lo que nos dice la regulación autonómica, en defecto de lo que diga la Ley 15/99 y el Decreto 994/99, que son los que regulan al día de hoy... -éstos ya del Estado, naturalmente; éstos últimos-, los que regulan al día de hoy la protección y el tratamiento de los ficheros automatizadores de datos. Y eso es lo que realmente nos debe de preocupar, si se cumple o no se cumple expresamente esa Ley.

Yo no quiero entrar tampoco -como usted dice- en disquisiciones legales, pero, necesariamente, tengo que hacer una mención a lo que dice esta Ley. Y lo digo porque es tan clara en su contenido que no es simplemente porque yo lo diga o lo explique, sino que, simplemente, con leer el artículo que yo le voy a citar, pues usted digo yo que claramente estará de acuerdo conmigo, como no puede ser de otra manera -insisto-, con independencia del uso que se haga o no de los datos.

Pero lo cierto es que usted habla de que todos estos tratamientos y todas estas notificaciones o cartas que se envían deben de tener, en algunos de los casos, consentimiento del afectado. Yo ahí le digo que no, que no debe de tener consentimiento del afectado en el caso que nos ocupa, en el caso que nos ocupa, que son notificaciones de la Administración a sus empleados; en el caso que nos ocupa. Para ello, usted conoce... yo simplemente lo digo para que quede constancia, porque sé que usted lo conoce, que el Artículo 6, precisamente, dice de forma clara: "No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa".

Yo creo que eso ya estaría claro que la Administración puede utilizar esos datos, y, entonces, vamos más allá: solamente en algunos supuestos es el afectado el que se puede negar a que esos datos se utilicen. Pero, para ello, tiene que justificar que efectivamente tiene unos motivos fundados y legítimos para que no se utilicen esos ficheros en su nombre. Todo ello, desde el punto de vista de las notificaciones que hace la Administración. No le leo el mismo artículo por no redundar, pero ahí lo dice.

Pero vamos un poco más lejos, y hablamos de la cesión a terceros de esos ficheros, que es también lo que nos ocupa en la Proposición que usted nos ha planteado. Y claramente dice en.. el Artículo 11, en la misma Ley: "Los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el...", etcétera, etcétera, etcétera. Y dice: "El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso..." -precisamente, para el caso que nos ocupa-. Es decir, "cuando el tratamiento responda a una libre...", etcétera, etcétera, etcétera. No lo quiero... no lo quiero leer para no alargar el tema, pero es el Artículo 11 en sus apartados c) y e).

Por lo tanto, si hemos seguido todo un argumento legal de por qué se pueden hacer estas cosas, por qué realmente se pueden notificar los datos de la manera que se notifican, y que se cumple de forma escrupulosa la Ley, por lo tanto, es por lo que nosotros creemos que al hacerse así es por lo que no procede el aprobar o el tener en cuenta la... a efectos de votación me refiero, la Proposición de Ley que usted ha presentado. Y reitero que ello con independencia de que quizás los usos en momentos determinados tengan que realizarse de una manera u otra.

Yo sé que usted en su Proposición de Ley lo que... lo que viene a manifestar, fundamentalmente, es eso. Ya sé que usted sabe que la Ley se cumple de forma escrupulosa -entiendo-, pero nosotros lo reiteramos, y, como consecuencia, decimos: en función de lo que usted dice y de la Propuesta de Resolución que hace, yo le tengo que contestar que no se utilizan de forma ilegítima los datos, o el tratamiento de los datos que se tengan de los funcionarios públicos de esta Comunidad. Y es por ello y el motivo por el que nosotros nos tenemos que oponer -reitero-, con independencia de esos usos. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señor Jiménez. Para cerrar el debate, tiene la palabra don Fernando Benito.

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ:

Gracias, señor Presidente. Nada, que no logramos ni que... no sólo que aprueben alguna Proposición que son razonables, ni siquiera que entiendan lo que decimos. Porque, claro, que usted me diga: "La Ley se cumple", y yo le acabo de leer un párrafo de un texto del Procurador del Común donde dice que la Ley no se cumple, pues la verdad es que es una conexión difícil.

Usted insiste en que la Ley se cumple. Yo le digo -y se lo voy a decir exactamente-: en la queja novecientos veintisiete del Procurador del Común -es el número de referencia-, en la cual se presentan una serie de funcionarios de... transferidos en la Educación, en el traspaso de competencias en Educación No Universitaria, en esta queja, que afecta fundamentalmente a la cesión de datos de carácter personal para dar la carta de bienvenida del señor Presidente de la Junta a los funcionarios, dice que el supuesto que nos ocupa -que es el que le digo- en la queja numerada, sobre lo que se acaba de exponer -que es la carta remitida a los empleados-, dice que "en la cesión de datos a favor de la empresa PDM, SA, sería un tratamiento de datos no autorizado por la Ley". O sea, la Ley no se cumple. Yo no he dicho que se cumpla, y, entonces, no lo ponga en mi boca, porque precisamente hemos hecho esto porque como no es la primera ni será la última, y está ocurriendo en todos los Servicios... -ha ocurrido en los Servicios de Agricultura y en los demás-. La carta del señor Presidente, en su momento, es un ejemplo de que no se cumple la Ley.

Segundo. Usted dice que se debe regularizar. Yo en la Proposición no digo nada de que se hable de regularización de normas; si es que no lo digo en ninguna... en ningún aspecto. Yo le digo que... primero, que se cumpla el control de los ficheros, pero que se cumpla con la legislación que está vigente. Si quieren sacar ustedes otra norma ampliando el control de ficheros, pues me parece muy bien, pero yo es que no lo digo.

Y, segundo, lo que digo es que... la recomendación que hace el Procurador del Común, que, para evitar conflictos, pues se emplee la entrega directa de las cartas de bienvenida, por supuesto.

Pero es que, además, usted ha entrado en una discusión que yo no quería entrar, porque tampoco es el momento, a lo mejor, de dedicarnos a... Vamos a ver, por qué... y yo se lo decía... ¿por qué habíamos hablado... digamos, la entrada que hemos hablado los dos de las normas, la Ley Orgánica y el Decreto de la Junta? ¿Por qué hemos hablado de eso? Por una cosa que yo he dicho de pasada, pero que, en fin, parece que... yo creí que.. que el voto suyo iba a ser mucho más favorable de lo que usted anuncia, pero... Pues porque el control de ficheros automatizado tiene un fin que recoge la legislación, que es el respeto a las libertades públicas de las personas. Y, en ese sentido, lo que se hace es una protección absolutamente tajante del empleo de los ficheros de datos personales, de la normativa. Lógicamente. Porque lo que está haciendo es la... sustentando la protección de los derechos... de los derechos públicos de los empleados; en este caso, de los empleados transferidos. Y, en base a ese precepto legal, lo que hace es que el control de fichero, el control del fichero, el empleo que se hace de ese fichero es muy exhaustivo, como no podía ser de otra manera. Yo también le digo que estoy convencido de que tampoco hay un control de los ficheros cumpliendo la normativa.

He dicho al comienzo de mi intervención que sólo vamos a hablar hoy, hoy, del empleo que se hace de los ficheros de los empleados públicos; otro día hablaremos de los ficheros en su conjunto, porque hay un fichero que abarca a otros... a otros sectores, entre ellos la población que se acerca a los servicios... a los servicios públicos, y que hablaremos más despacio.

Yo le digo, primero, que no hablo de otra nueva norma. Con éstas no se ha cumplido la Ley y, por lo tanto, lo que hacemos es una recomendación de que se cumpla la Ley. Es que en la Proposición, la parte primera lo que decimos es que se cumpla la Ley.

Y, segundo, lo que le decimos es que, además de cumplir la Ley, hay una cosa que es discutible, y es si se debe emplearlo con carácter obligatorio la carta personal o la entrega en mano de cartas. Bueno, pues lo que hacemos es una recomendación. No se puede obligar, pero es una recomendación que nos avala el Procurador del Común. Y, en este sentido, pues... pues me parece que es una solución bastante razonable a lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir pasado mañana.

En este sentido, pues mostrar otra vez la sorpresa. ¿Qué vamos a hacerle? Ustedes ni siquiera... -porque, claro, que lo dijera yo o que lo diga el Grupo Socialista que no se cumple la Ley tendría una importancia relativa para ustedes-, ni siquiera que el Procurador del Común dé la razón a una queja de un grupo de empleados públicos diciendo que no se cumple la Ley les sirve a ustedes para aprobar una recomendación del Procurador del Común, pues, sencillamente, vivan ustedes instalados en el orgullo de manera constante. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, señor Benito. Concluido el debate, sometemos a votación la Proposición No de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: dieciséis. Votos a favor de la Proposición No de Ley: seis. Votos en contra: diez. Abstenciones: ninguna. En consecuencia, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las doce horas diez minutos.)